La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) flexibilizó los controles sobre el cupo de pasajes gratuitos que las empresas de micros de larga distancia deben otorgar por ley a las personas con discapacidad. Esta medida desató un fuerte rechazo entre las asociaciones civiles y los usuarios afectados, quienes denuncian un recorte de derechos encubierto.
La decisión administrativa se da tras la reciente desregulación del transporte automotor de pasajeros. Las cámaras empresariales del sector argumentan que, al cambiar el marco legal de «servicio público» a «libre comercio», ya no están obligadas a financiar la totalidad de la gratuidad de los boletos sin recibir compensaciones o subsidios del Estado.
Por su parte, los damnificados y sus familias reportan sistemáticos rechazos en los sistemas de reserva en línea y ventanillas de las terminales. Ante la multiplicación de las denuncias, referentes del sector de la discapacidad evalúan presentar amparos colectivos en la Justicia para exigir el restablecimiento pleno del beneficio consagrado por las leyes nacionales.
El Poder Ejecutivo flexibilizó mediante la CNRT los controles sobre el cupo de pasajes gratuitos para personas con discapacidad en micros de larga distancia, desatando una fuerte batalla política. Desde la oposición y los gobiernos provinciales acusan a la gestión central de vulnerar leyes nacionales vigentes mediante resoluciones administrativas de menor rango para profundizar el ajuste fiscal. Por su parte, los sectores que defienden la medida argumentan que se busca terminar con las distorsiones regulatorias heredadas y con las cargas económicas impuestas de manera arbitraria al sector privado de transporte. Mientras tanto, las organizaciones civiles ya preparan una contraofensiva judicial mediante amparos colectivos que promete escalar el conflicto hasta la Corte Suprema.
